Federico Andrés Machado (1968), empresario aeronáutico nacido en Carmen de Patagones y radicado durante tres décadas en Estados Unidos, pidió ser reconocido como refugiado en la Argentina. Lo hizo el 22 de diciembre de 2021 ante la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare). En su escrito, al que este medio accedió, sostiene que es perseguido por el gobierno de EE.UU. en el marco de pesquisas por narcotráfico, lavado y fraude, y denuncia “violaciones sistemáticas de derechos humanos” contra imputados —en particular, latinoamericanos— en causas federales de drogas. El pedido busca, en los hechos, bloquear su extradición al Distrito Este de Texas, donde se lo investiga.
Machado fijó domicilio en Viedma, Río Negro, y actúa con patrocinio de los abogados Francisco Oneto, letrado del Presidente argentino Javier Milei, y Roberto Rallin. En su presentación invoca la Ley 26.165 (Estatuto del Refugiado), la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967. Afirma que no tiene garantías para un “juicio justo” en EE.UU. y que fue forzado a “cooperar” bajo amenaza de prisión perpetua, luego de reuniones con agentes de Homeland Security —identifica a Jack Stevens y Justin Marshall— y el fiscal Ernest González. La fiscalía de Texas, cabe señalar, lo acusa de integrar una conspiración internacional ligada a fraude con aeronaves y tráfico de estupefacientes.
El relato de Machado: de Fort Lauderdale al Polochic, y de allí a un despacho de Homeland Security
En primera persona, Machado reconstruye su trayectoria: emigró a los 21 años a EE.UU., trabajó y estudió para piloto, y se dedicó a la venta y financiamiento de aeronaves corporativas desde Fort Lauderdale (Florida), con foco en el mercado latinoamericano. En 2016, tras un convite del entorno del entonces presidente guatemalteco Jimmy Morales, desembarcó en el valle del Polochic (Alta Verapaz) con el proyecto “Minas del Pueblo” —combina minería y programas sociales—, que, según afirma, benefició a 25.000 personas.
El 24 de septiembre de 2020, dice, lo llamó el agente Jack Stevens (Homeland Security) ya instalado en Guatemala. Dos días después, relata, ingresó a un edificio sin identificación oficial en la capital para una reunión con Stevens, Marshall (HSI) y Paul Mack (Departamento de Comercio). Allí, asegura, le plantearon que “encajaba” para colaborar por su perfil hispanoparlante y conocimiento local. La charla viró —siempre según su versión— a aeronaves vinculadas a su negocio y operaciones de narcotráfico. Afirma que entregó voluntariamente su teléfono y laptop (“renuncié a la confidencialidad”) y que al día siguiente le anunciaron cargos por conspiración.
Poco después, voló a Texas y —bajo consejo de su abogado local, Dan Guthrie— firmó un “acuerdo de cooperación”. Dice que el fiscal González le indicó que el sistema federal “se basa en la cooperación” y que, de no hacerlo, podrían imputarlo por conspiración con variedad de conductas alcanzadas. Machado sostiene que esa “cooperación” se transformó en “extorsión” y “tormento psicológico”: asegura que le pidieron no hablar con sus financiadores, que simulara conversaciones “guionadas” por altavoz con inversores y que llegó a ofrecer infiltrarse en zonas calientes de Guatemala para aportar información sobre narcos. También afirma que intentaron hacerle firmar un documento para levantar el secreto profesional de su abogado, algo que dice haber rechazado.
Como respaldo, adjunta una pericia de polígrafo —realizada, según consigna, por Ryan/Eric J. Holden, exanalista de inteligencia— que lo favorece y certificados médicos y psiquiátricos (doctores Castex, Cortalezzi, García y Arias) que refieren depresión, estrés postraumático y el riesgo psíquico de su eventual envío a EE.UU. Aporta, además, una resolución de prisión domiciliaria dictada por el Juzgado Federal de Neuquén.
El capítulo Debra Mercer-Erwin y el frente aeronáutico
Un eje central del escrito es la relación comercial con Debra Lynn Mercer-Erwin, figura clave del fideicomiso aeronáutico con base en Oklahoma (Wright Brothers Aircraft Title) y de la operadora Aircraft Guaranty Corporation (AGC). Machado admite que canalizó fondos de inversores —“nueve, a los que conocía”— para financiar depósitos de compra de aeronaves a través de Wright Brothers, y ubica allí el “hilo” que, según cree, enlazaron los agentes para asociarlo al narcotráfico.
Mientras la justicia de Texas acusó a Mercer-Erwin por fraude, lavado y drogas (causa que derivó luego en condena), el escrito de Machado busca despegarse de ese frente: afirma que nunca exportó ilegalmente un Challenger 604 (N770SW) —sostiene que sigue a nombre de una corporación estadounidense— y que mensajes de texto con Mercer-Erwin que la fiscalía “releyó” como incriminantes eran bromas conocidas por los propios agentes. Solicita que la FAA informe titularidad y estatus del N770SW como prueba “de ilegalidad” del pedido (según su planteo).
